Río Rojo

Hace unos días unas fotos reveladoras y escalofriantes han confirmado los actos de tortura a 29 campesinos de las provincias de Ayabaca y Carmen de la Frontera, Piura, que habrían sido realizadas por miembros de la Policía Nacional como han revelado algunas fotografías que han sido presentadas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanaos que las recibió en forma anónima en los primeros días de enero.

A fines de julio de 2005, un grupo de manifestantes realizó una marcha de sacrificio para rechazar las actividades mineras en la zona. Fue allí cuando los agentes retuvieron y torturaron durante dos días a 29 personas en las instalaciones de la compañía Río Blanco (ex Majaz), en Piura. Julio Vásquez, uno de los afectados, sindicó en su denuncia como los autores a miembros de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes).

Este condenable hecho está pasando desapercibido en las redacciones de los medios de comunicación, ya sea por entradas de vigencia de acuerdos comerciales que van a resolver nuestros problemas, por informes al gusto de toda la platea, por el pase de Solano a Universitario, en fin, no se habla del asunto por el solo hecho de no complicarle las cosas al Gobierno, porque no creo que sean las vacaciones. Pero la cosa es grave, en este caso estarían involucradas una vez más efectivos policiales. Y a pesar que el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, ha pedido que la Policía Nacional entregue la relación de los efectivos que ese 1 y 2 de agosto atacaron a los campesinos y a tres periodistas, aún no se ha entregado nada.

En el testimonio del reportero Julio Vásquez, también precisa que fueron golpeados, atados y que les rociaron gas lacrimógeno en los rostros para, luego, cubrirles las cabezas con bolsas y, de esa manera, causarles la sensación de asfixia. En aquella ocasión, el campesino Melanio García recibió una herida de bala en el cuello y murió al día siguiente de la detención del grupo.

Como es de conocimiento público, desde el año 2003 la empresa Minera Majaz, hoy Río Blanco, opera irregularmente en el territorio de las Comunidades Campesinas del Alto Piura. La presencia de la minera es irregular por no contar con el consentimiento de las dos terceras partes de las asambleas comunales que exige la ley 26505, conforme ha señalado la Defensoría del Pueblo en su informe número 001-2006/ASPMA-MA. Durante dos años las comunidades afectadas trataron de usar los canales de diálogo con el Estado para exigir el respeto a sus derechos territoriales, sin lograr ningún resultado.

La opinión pública en su conjunto debe pedir que en la brevedad posible se castigue a quienes perpetraron tan horrendo hecho que por lo que se ve tiene aires de mercenarismo y de represión. Asimismo, la empresa Rio Blanco tendrá que aclarar su participación en el hecho ya que las torturas se realizaron dentro de sus instalaciones.

Desde julio de 2008 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz) presentaron una denuncia por estos hechos ante la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Piura.

La denuncia considera los cargos de secuestro agravado, torturas, y delitos contra el pudor. Entre los métodos de tortura que expresa la denuncia figuran agresión con gas lacrimógeno, exposición a productos tóxicos, sometimiento a golpes, asfixia, permanecer atados en posturas forzadas durante largos periodos, exposición prolongada al frío, privación de agua y alimento, amenazas de muerte, entre otras.

También se supo por la denuncia de la Coordinadora que dentro de esta violación a los derechos humanos está involucrado el fiscal Félix Toledo Leiva, quien estuvo presente durante las detenciones de los agraviados, este hombre cómplice de la salvajada, también ha sido denunciado por el delito de omisión de ejercicio de la acción penal, ya que tuvo pleno conocimiento de los abusos cometidos, y lejos de promover acción penal contra los perpetradores, denunció a las víctimas por su participación en la marcha pacífica. Además ha sido denunciado el médico legista que examinó a las personas torturadas por el delito de expedición de certificado médico falso, ya que no dejó constancia de los signos de tortura que presentaban los campesinos. Por las pruebas vemos cómo se intentó que este caso pase por agua tibia desde algunos sectores gubernamentales.

Una vez más somos testigos de cómo se puede actuar cuando el poder y los privilegios lo tienen poderosos grupos económicos, multinacionales que son defendidas por los gobiernos de turno, quienes menosprecias el trabajo que realizan los comuneros de la zona, y a la vez muestran su flaco interés por la vida de miles de familias que se verán afectadas por la contaminación de una minera en sus tierras.

Y sobre Rio Blanco sabemos por la consulta popular que se intentó frustrar en 2007 por parte del gobierno actual, que el presidente Alan García y el premier de entonces, Jorge del Castillo, han sido los voceros calificados de la empresa, que intentó en esa zona dividir a los comuneros para poder entrar en la zona y dejar sin agua a todos los agricultores del Alto Piura y una provincia de Cajamarca.

El director del departamento legal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, César Álvarez, alertó de la lentitud en las investigaciones que la fiscalía de Piura está realizando. Advirtió que solo se ha cumplido con tomar la declaración de los comuneros torturados, faltando notificar a la Policía Nacional para que envíe la relación de los efectivos que participaron de dichos actos, así como solicitar a la empresa Majaz el nombre de los funcionarios que habrían permitido el maltrato de campesinos dentro de sus instalaciones.

Por los antecedentes que hemos mostrado entre la empresa británica Rio Blanco y el gobierno aprista debiéramos comenzar a preocuparnos ya que la posibilidad de que el Ejecutivo pueda interferir en este caso es bastante predecible, tomando en cuenta que el Gobierno ha mostrado su interés por permitirle a la empresa Río Blanco ampliar su concesión minera en las provincias de Huancabamba y Ayabaca, a lo largo de toda la frontera piurana con Ecuador, lo cual han advertido algunos periodistas y este blog al finalizar el 2008.

Recordemos que según el artículo 71 de la Constitución del Perú, los extranjeros no pueden poseer propiedad dentro de los 50 kilómetros de las fronteras, a menos que se declare de necesidad pública su participación, expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley.

Sobre el papel de Rio Blanco en otra zona del norte del país, hay que indicar que García sacó un decreto supremo para permitir la explotación minera en la frontera, pero sin antes haber tener los resultados de los estudios sobre el impacto ambiental de la minería en la zona, lo cual es fundamental para otorgar una licencia. Acá notamos cuánto respeto muestra el doctor García por la vía de sus compatriotas. O tal vez esté esperando crear otro Cerro de Pasco.

Sobre las torturas sólo puedo decir que es otra muestra para saber hasta dónde puede llegar el autoritarismo de los que tienen al poder podrido y la impunidad de su parte. Sobre el papel del Poder Judicial en este caso para ubicar a los depravados individuos de uniforme sólo espero que caiga en las manos de algún juez que no haya caído aún ignominia.

Por último, sobre el protagonismo solapado que tendrá el Ejecutivo en el caso es indudable. Pero más notorio es la confirmación que nos deja nuestro Dignatario sobre su casi nulo propósito de condenar, juzgar, ni si quiera indignarse por los casos de violación de derechos humanos. Pero en verdad creo que pido mucho, porque, ¿con qué cara podría hacerlo? Además, ya hemos escuchado de su parte todos los calificativos peyorativos que se merecen los que cuestionen o rechacen la "inversión". Qué lisura ir contra “el progreso”, contra “más puestos de trabajo”. Qué poco importa en estos días lo que piense el pueblo, lo que necesite el pueblo, qué mucho importa –ahora- el ego de un hombre a un partido pegado.